Por: Jesús Homero Murillo Gómez
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| FOTO CORTESÍA DE JHOMGÓMEZ |
Hay crisis en la Universidad San Martín, los docentes se niegan a seguir con sus labores académicas, los estudiantes exigen respuestas a los directivos y los noticieros tienen una noticia. Los medios se vuelcan hacia la Universidad San Martín con el ánimo de “informar” al país sobre lo que está sucediendo y lo hacen saber. La Universidad San Martín está en quiebra, se adeuda salarios a docentes y a personal de servicios generales. Estos son algunos de los titulares con los cuales la opinión pública se “enteró” de la noticia: Los rostros de la crisis en la Universidad San Martín, Los líos y fortuna de los dueños de la San Martín, Con documento falso vendieron prédio de la Universidad San Martín, Universidad San Martín, el 'Saludcoop' de la educación, Familia dueña de la Universidad San Martín tiene bienes hasta en Aruba, 'La Universidad San Martín es un estafadero': senadora Claudia López, etc.
El país está escandalizado y al parecer hay un problema muy grave en la Universidad san Martín y los medios se han encargado de revelarlo; el detonante es una protesta de los estudiantes, motivada por el no pago de los salarios a los docentes y la manifestación por parte de los directivos o dueños de la Universidad de que no hay dinero.
Otra vez los medios ponen de manifiesto una noticia impactante, el sensacionalismo con el cual la muestran deja ver la importancia del suceso. Pero se quedan en el impacto que causa el tener como carne de cañón a la Universidad San Martín. Se aprovechan del efecto que causa el tener a un supuesto culpable para tender el velo macabro que esconde al “elefante blanco” que está a unos centímetros de nuestras narices.
Es aquí donde debemos abrir nuestros sentidos, lo sucedido en la Universidad San Martín no representa lo más mínimo de la problemática. La noticia real está escondida en una aleación soterrada que existe entre nuestra legislación y nuestro sistema educativo.
El hecho que unas pocas personas se estén enriqueciendo en Colombia con el mal llamado “negocio de la educación” no es nada nuevo.
Nuestra legislación le permite a los dueños de universidades y de instituciones educativas hacer a sus docentes unos contratos paupérrimos, contratos que, además de no representar ninguna garantía para los docentes, tienen la vigencia de un semestre o de un año y que es renovable según los resultados de una evaluación docente.
Lo grave es que para estos establecimientos algunas palabras no tienen el mismo significado que para el común de la gente, por ejemplo un semestre es un periodo de 2. tiempo que consta de seis meses, para las universidades un semestre dura Trece (13) semanas y en el mejor de los casos 16; un año para ellos consta de diez (10) meses y en el mejor de los casos once (11).
Así las cosas, es común encontrar en las universidades colombianas a docentes con contratos de cuatro meses (febrero, marzo, abril y mayo o agosto, septiembre, octubre y noviembre), contratos que están amparados por nuestra legislación y que le permiten a los dueños de las instituciones educativas privadas dejar de pagar el salario a sus docentes durante varios meses al año.
Estas universidades no le pagan a los docentes al menos dos meses del año, por su trabajo; y se están quedando con un dinero que no les pertenece. Porque el trabajo no es únicamente dirigir el espacio académico o como se diría en otros tiempos, dictar la clase. No, nada de eso, el trabajo real es la preparación, la planeación, la búsqueda de herramientas para ayudar a los estudiantes a lograr los objetivos propuestos y eso es lo que no están pagando; bueno, hoy a diferencia de hace 20 años ya se paga liquidación, vacaciones y prestaciones sociales. ¿Cómo no se van a enriquecer? Si a los estudiantes les cobran un semestre y a los docentes les pagan trece semanas, las ganancias de estos establecimientos mal llamados sin ánimo de lucro son exorbitantes. Pero como son sin ánimo de lucro hay que justificar de alguna manera el dinero.
Entonces aparecen las fachadas y los testaferros, estos están disfrazados, Pero a pesar de su disfraz son fáciles de identificar porque tienen cara de restaurante, o de inmobiliaria que le alquila los predios a la “Universidad” o simplemente aparecen como inversiones de los dueños o de sus testaferros en otros negocios, preferiblemente en el extranjero. Ahí están, en realidad son negocios alternos con ánimos de lucro anexos o inmersos en la institución.
Aquí está lo grave, este no es un problema de la universidad San Martín, tampoco es algo que se solucione poniendo ante el escarnio público a la Universidad San Martín, ni si quiera obligándola a pagar lo que adeuda.
La situación es mucho más delicada de lo que parece. El estado se quedó corto en el cumplimiento de su obligación de asegurar educación de calidad a todos los colombianos, indistintamente de su estrato, ubicación geográfica, posición económica o social y ante esa incapacidad dejó que particulares se apoderaran de ese bien público y lo convirtieran en un negocio.
(Para leer el artículo completo visitar el link: http://es.slideshare.net/Jhomgomez/a-propsito-de-la-universidad-san-martn)
